Señor Director:
El proyecto de ordenanza de la Mesa de Trabajo para un Tandil Accesible, que acaba de ser entregado al Concejo Deliberante con el sano propósito de mejorar el uso y ocupación de la vía pública, desnuda un problema que dejaría de serlo, si el inspector general municipal demostrara que es un funcionario que realmente existe. Porque casi todo lo que se pide está perfectamente legislado y reglamentado. Más aún, el compromiso asumido por la Municipalidad de Tandil ante la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, es reiterativo y lleva la firma del propio Intendente. Bien es cierto que esto es sólo una parte de las no menos de cien ordenanzas y disposiciones legales que no sólo no cumple el Ejecutivo comunal, sino que también gozan de la indiferencia de quienes ocupan una banca en el cuerpo Deliberativo y tienen la obligación de controlar y patalear. El compromiso aludido fue firmado por Miguel Lunghi el 11 de octubre de 2005. Casi cuatro años después –precisamente el 21 de mayo de 2009- firmó otro similar. En ambos casos, se comprometía a “promover condiciones para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos con discapacidad sean reales y efectivas, eliminando los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud”. El acuerdo alcanza a la implementación de un Plan de Accesibilidad, para lo cual debían tomarse las medidas necesarias, tendientes a lograr el mencionado objetivo. Para ello se comprometía el Municipio a “realizar un estudio pormenorizado del Código de Edificación y de toda otra documentación técnica y legislativa local”, para lo que debía “conformarse un equipo de profesionales locales, el que debía tener como principal objetivo realizar un relevamiento de los espacios urbanos, comunicacionales, estructuras edilicias y del transporte de la ciudad, a fin de realizar un diagnóstico y planificar las acciones.” Ambos compromisos, reitero, llevan la firma del intendente Lunghi. El último de ellos data de poco más de un año; el primero, de casi cinco años. Y la respuesta del Ejecutivo comunal, en la práctica, ha sido y sigue siendo nula, con una ignorancia total de que las aceras son de orden público y con absoluto desprecio por el peatón. Hay casos de ocupación completa de las veredas con carga y descarga de mercaderías en horarios no permitidos, con cables eléctricos que las cruzan frente a talleres, depósitos de tierra y materiales, basura, tablones, bicicletas, motos y hasta autos, con macetones, con árboles contra la pared, con postes de instalación eléctrica que a veces obstruyen totalmente la vía peatonal cuando coinciden con plantas y vallas en las obras en construcción. También con la limpieza de frentes en días y horarios inadecuados y portones que abren para afuera y en algunos casos llegan al cordón de las veredas, las que deben construirse por mitades, pero nadie lo hace, ocupando la totalidad del espacio. A lo que se suman otros obstáculos. Mesas, sillas y sombrillas, baldosas flojas y faltantes, rampas para discapacitados ocupadas, cañerías sobre nivel, conductos de escurrimiento de aguas pluviales y charcos que se forman en las esquinas –algunos permanentes- por derrame excesivo de agua. Además, estructuras metálicas, exhibición de mercaderías a nivel del piso, andamios, bancos, toldos y marquesinas a baja altura, pendientes inadecuadas de las aceras, diferencia de nivel con las contiguas, anuncios, caños, soportes, etc., que afloran en el espacio público circulatorio. A esto deben sumarse pendientes exageradas en las veredas, carencia de superficies antideslizantes, casos en los que obras y demoliciones no cuentan con vallas de protección para resguardar la eventual caída de material a la vía pública, muchas parcelas baldías y las que no lo son con piso de tierra y muchas más. Cualquiera pone una banda o cinta –hasta alambre no permitido- y clausura las veredas, sin control alguno. En muchos casos –el de cercos y veredas, por ejemplo- si no las hace el frentista, la Municipalidad puede construirlas con cargo al mismo pero tampoco lo hace. Existen penalidades para los infractores que no se aplican, además. El incumpliendo del compromiso contraído cinco años atrás, es una falta grave a los deberes de funcionario por parte del Intendente de “una ciudad para todos, del Municipio de Tandil, lugar soñado”, según reza la propaganda oficial. A lo que habría que agregar: “Donde cada uno hace lo que quiere y nadie controla nada”. Juan Roque Castelnuovo
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