Tal se había previsto por el Tribunal Federal marplatense, ayer fue el turno de los alegatos del ministerio público y las querellas en torno al secuestro, seguido de tormentos y homicidio, del abogado Carlos Alberto Moreno, juicio histórico que mereció la amplia cobertura como así también una masiva convocatoria a cada una de sus audiencias hasta llegado su desenlace, con el protagonismo exclusivo de las acusaciones y defensas.
Los primeros, con sus matices, coincidieron en que quedó cabalmente acreditada la responsabilidad penal de los cinco imputados con sus roles a cuestas, pidiendo condenas precisamente de acuerdo al grado de participación que se encontró en los militares Julio Tomassi, Roque Italo Pappalardo y José Luis Ojeda, como de los dos civiles, Julio y Emilio Méndez, todos acusados de los delitos de lesa humanidad.
Respecto de los segundos, las defensas deberán aguardar al próximo jueves, a la misma hora -las 11- y en el mismo lugar, para intentar revertir una historia (la de sus defendidos) archicomplicada a la hora de salvarse de una condena.
El procedimiento había pautado exposiciones de los oradores no más extenso a las cuatro horas, tiempo que el querellante Sivo, abogado de Susana Lofeudo, Martín y Matías Moreno se extendería por unos minutos más, con un raconto tan extenso como interesante, a la hora de describir el contexto para luego abordar las responsabilidades directas de los que estaban sentados en el banquillo de los acusados.
Más concreto pero no menos contundente resultó el fiscal general Daniel Adler, quien también se tomaría un par de horas para describir cómo, cuándo y porqué secuestraron, torturaron y mataron al abogado laboralista.
Los doctores Manuel Marañón (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Azul) y Gabriel Becker (Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia) adscribieron a Sivo, con el aporte de algunos condimentos que hacían a la función por la cual ellos estaban en la audiencia.
La palabra del fiscal
Pasadas las 21 cerraría el fiscal general su acusación, tras escuchar junto al público presente, desde las 11 de la mañana, los argumentos de la querella a la hora de incriminar y pedir condena para los acusados.
Adler dejaría sentado que las pruebas ventiladas en el debate dieron por acreditado que el 29 de abril del ’77, Moreno fue secuestrado en Olavarría y mantenido en cautiverio en la chacra de los Méndez hasta el 3 de mayo de aquel año, cuando logró escaparse y fuera visto por el vecino Bulfoni. Luego la historia conocida: uno de los secuestradores (Ojeda) lo recapturaría a punta de pistola y palazos para volver a encerrarlo y torturarlo en la casa de los Méndez, para luego ejecutarlo, al menos, de un disparo.
Para la pormenorizada crónica del trágico suceso, el fiscal enumeraría la intervención de uno y cada uno de los testigos que aportaron para reconstruir el hecho. Testigos que al entender de Adler fueron concordantes y contestes.
“Pensaron que quemando un saco y retirando un expediente terminaba la historia”, supo graficar al fiscal para lo que fueron las actuaciones posteriores de las autoridades del Ejército, como la policía, para deshacerse -en apariencia- de las pruebas incriminantes, sin advertir que con aquellos valientes testimonios e intervenciones como la del juez Pagliere, además de los propios expedientes del Ejército, servirían de prueba suficiente para demostrar que el hecho ocurrió, que mataron a Moreno, y por razones que el propio fiscal se encargaría de desentrañar.
Habló entonces de la coautoría funcional de todos los acusados en el plan sistemático para realizar y concretar órdenes ilegítimas bajo el pretexto del combate a la subversión. Insistió en que se trató de un grupo de personas que tomó por asalto el poder con la premisa de imponer una política económica y social ligada precisamente a intereses como los de cierto empresariado, en complicidad también de actores judiciales que no se evitó criticar, desde la mismísima Corte Suprema.
Adler dejaría sentado que las pruebas ventiladas en el debate dieron por acreditado que el 29 de abril del ’77, Moreno fue secuestrado en Olavarría y mantenido en cautiverio en la chacra de los Méndez hasta el 3 de mayo de aquel año, cuando logró escaparse y fuera visto por el vecino Bulfoni. Luego la historia conocida: uno de los secuestradores (Ojeda) lo recapturaría a punta de pistola y palazos para volver a encerrarlo y torturarlo en la casa de los Méndez, para luego ejecutarlo, al menos, de un disparo.
Para la pormenorizada crónica del trágico suceso, el fiscal enumeraría la intervención de uno y cada uno de los testigos que aportaron para reconstruir el hecho. Testigos que al entender de Adler fueron concordantes y contestes.
“Pensaron que quemando un saco y retirando un expediente terminaba la historia”, supo graficar al fiscal para lo que fueron las actuaciones posteriores de las autoridades del Ejército, como la policía, para deshacerse -en apariencia- de las pruebas incriminantes, sin advertir que con aquellos valientes testimonios e intervenciones como la del juez Pagliere, además de los propios expedientes del Ejército, servirían de prueba suficiente para demostrar que el hecho ocurrió, que mataron a Moreno, y por razones que el propio fiscal se encargaría de desentrañar.
Habló entonces de la coautoría funcional de todos los acusados en el plan sistemático para realizar y concretar órdenes ilegítimas bajo el pretexto del combate a la subversión. Insistió en que se trató de un grupo de personas que tomó por asalto el poder con la premisa de imponer una política económica y social ligada precisamente a intereses como los de cierto empresariado, en complicidad también de actores judiciales que no se evitó criticar, desde la mismísima Corte Suprema.
La responsabilidad de los militares
Adler subrayó que dentro de una forma legal de lo presentado como la lucha contra la subversión existió subterráneamente una forma ilegal que incluía listas de sospechosos.
No dudó en achacar con vehemencia sus diferencias con los dichos de Pappalardo en la audiencia, quien aludió a compartimentos estancos de las dependencias militares, cuando quedó demostrada la interrelación de todas las áreas bajo un mismo fin: el exterminio de aquellos que amenazaban al sistema económico y social a imponer. Añadió sobre aquel esquema informado por Pappalardo que no lo usó en aquellos tiempos de ilegalidad.
Se tomaría así para enfatizar que el propio Ejército en sus documentos dejó descripto el secuestro y homicidio de Moreno, cuando en su momento le responden al juez Pagliere sobre la suerte del abogado que buscaba.
Puntualizando sobre los militares, representó a Tomassi como jefe de área que sabía todo sobre las empresas de Pappalardo, también de Ojeda. Lo pintó con la figura de aquellos autores de escritorio, burócratas que habilitaban a los ejecutores, dando órdenes y facilitando los medios para actividades ilegales.
De Pappalardo, lo ubicó como un eficaz subordinado de Tomassi, que fue traído a juicio por las víctimas varias de su proceder, hablando de secuestros y torturas.
Afirmó que su rol fue custodiar los intereses de los empresarios amigos y allí traería a colación el caso Moreno y Loma Negra, como también de otros testigos que fueron víctimas de la represión en Tandil por ganarle un juicio a Cretal.
Para Ojeda el fiscal fue conciso como contundente. Fue quien ejecutó a Moreno, quien primeramente lo siguió a tiros y después, factiblemente con otro militar más, le dio muerte. Para ello, se tomaría de las propias declaraciones de Pappalardo, que pidió que lo liberen, y del resto de los testigos que lo ubicaron en el lugar de los hechos.
No dudó en achacar con vehemencia sus diferencias con los dichos de Pappalardo en la audiencia, quien aludió a compartimentos estancos de las dependencias militares, cuando quedó demostrada la interrelación de todas las áreas bajo un mismo fin: el exterminio de aquellos que amenazaban al sistema económico y social a imponer. Añadió sobre aquel esquema informado por Pappalardo que no lo usó en aquellos tiempos de ilegalidad.
Se tomaría así para enfatizar que el propio Ejército en sus documentos dejó descripto el secuestro y homicidio de Moreno, cuando en su momento le responden al juez Pagliere sobre la suerte del abogado que buscaba.
Puntualizando sobre los militares, representó a Tomassi como jefe de área que sabía todo sobre las empresas de Pappalardo, también de Ojeda. Lo pintó con la figura de aquellos autores de escritorio, burócratas que habilitaban a los ejecutores, dando órdenes y facilitando los medios para actividades ilegales.
De Pappalardo, lo ubicó como un eficaz subordinado de Tomassi, que fue traído a juicio por las víctimas varias de su proceder, hablando de secuestros y torturas.
Afirmó que su rol fue custodiar los intereses de los empresarios amigos y allí traería a colación el caso Moreno y Loma Negra, como también de otros testigos que fueron víctimas de la represión en Tandil por ganarle un juicio a Cretal.
Para Ojeda el fiscal fue conciso como contundente. Fue quien ejecutó a Moreno, quien primeramente lo siguió a tiros y después, factiblemente con otro militar más, le dio muerte. Para ello, se tomaría de las propias declaraciones de Pappalardo, que pidió que lo liberen, y del resto de los testigos que lo ubicaron en el lugar de los hechos.
El rol de los Méndez
Ya arremetiendo sobre los hermanos Méndez, el fiscal diferenció entre Emilio y Julio. Para el primero no dudó en ubicarlo como un hombre que a través de su proceder supo obtener réditos económicos y sociales, a partir del nombramiento en el Banco Comercial y la Usina. Si bien a Julio Méndez no le quitó responsabilidad al ser titular de la quinta, entendió que por lo expuesto en el juicio merecería una pena inferior,
Adler indicó que una cosa era simpatizar con las autoridades militares, pero bien otra era ser cómplice de delitos, como afirmó el fiscal que los Méndez fueron.
Para el fiscal, el aporte de la quinta a los militares no fue inocente, se trató de un trueque de intereses económico y social.
A la hora de enumerar los indicios por los cuales los Méndez no podían ignorar lo que allí ocurría, se enumeró una serie de elementos que hacían a la ubicación geográfica de la chacra y de la notoria presencia militar que los vecinos advirtieron por tanto tiempo. El propio reconocimiento que la gente del club Los Cardos había advertido sobre esa presencia, el paso de las víctimas que estuvieron allí y la actitud asumida por Emilio Méndez en la falsa declaración que se tomó a un testigo en la comisaría Primera, tras una presunta inspección ocular de su quinta tras el homicidio.
Tampoco se obvió mencionar la cita que se hizo al testigo Marchioni a la vivienda donde también estaban Zanatelli y Mur, donde se amenazó a aquel testigo.
Tras la calificación legal que merecía para los imputados según el criterio fiscal (ver aparte), Adler peticionó al Tribunal que se abran nuevas causas para investigar a más cómplices, para luego hacer lo propio respecto a las penas para cada uno de los acusados.
Adler indicó que una cosa era simpatizar con las autoridades militares, pero bien otra era ser cómplice de delitos, como afirmó el fiscal que los Méndez fueron.
Para el fiscal, el aporte de la quinta a los militares no fue inocente, se trató de un trueque de intereses económico y social.
A la hora de enumerar los indicios por los cuales los Méndez no podían ignorar lo que allí ocurría, se enumeró una serie de elementos que hacían a la ubicación geográfica de la chacra y de la notoria presencia militar que los vecinos advirtieron por tanto tiempo. El propio reconocimiento que la gente del club Los Cardos había advertido sobre esa presencia, el paso de las víctimas que estuvieron allí y la actitud asumida por Emilio Méndez en la falsa declaración que se tomó a un testigo en la comisaría Primera, tras una presunta inspección ocular de su quinta tras el homicidio.
Tampoco se obvió mencionar la cita que se hizo al testigo Marchioni a la vivienda donde también estaban Zanatelli y Mur, donde se amenazó a aquel testigo.
Tras la calificación legal que merecía para los imputados según el criterio fiscal (ver aparte), Adler peticionó al Tribunal que se abran nuevas causas para investigar a más cómplices, para luego hacer lo propio respecto a las penas para cada uno de los acusados.
Una querella inspirada
Horas antes, más precisamente pasadas las 11, en un extenso y pormenorizado alegato que demandó más de cuatro horas, la querella, encarnada en el doctor César Sivo, solicitó que se condene a los tres militares, Tomassi, Pappalardo y Ojeda, a reclusión perpetua. Para los hermanos Méndez, en tanto, entendió que debían ser también condenados por el mismo delito en condición de partícipes primarios, condenándoselos así a la pena de 20 años de prisión.
La intervención del abogado de la familia Moreno dejó boquiabiertos a más de uno de los presentes del nutrido público que volvió a copar el Aula Magna, por su locuacidad y claridad a la hora de describir los hechos en su contexto y los respectivos roles de los acusados, sin dejar de descartar los motivos del asesinato de Moreno.
“A Moreno lo matan por el poder de la palabra” referiría Sivo, para luego extenderse en una mirada acabada sobre una causa compleja, porque se estaba frente a un delito de lesa humanidad, pero simple a la vez por la contundencia de la prueba que deja a las claras la participación de los cinco acusados.
En tren de esa claridad, Sivo habló de la prueba directa, de testigos que vieron lo que pasó con Moreno.
Tras detenerse en el rol emprendido por cada uno de los sindicados como responsables allí sentados, no dejó de mencionar sobre otras complicidades y responsabilidades, dejando sentada la hipótesis de que hubo un interés empresarial, cual autor intelectual, para ejecutar a Moreno.
Al respecto, acotó que la desaparición del abogado laboralista no perseguía un interés político, sino económico, y así arremetería contra los directivos de la firma cementera. No sin dejar de criticar y pedir que se investigue también la intervención de los jueces de la Corte, por caso, que mostraron complicidad con aquellos designios, sobre todo cuando el magistrado Pagliere buscaba respuestas.
Sivo hizo un acabado relato de la materialidad de los hechos como así también de las responsabilidades, no sin dejar de mencionar que el propio Ejército documentó con informes lo que había ocurrido con Moreno.
Se cerró así el nuevo capítulo de un histórico juicio que ahora aguarda por el alegato defensista, a realizarse el jueves. Al día siguiente, los jueces adelantarán su veredicto.
La intervención del abogado de la familia Moreno dejó boquiabiertos a más de uno de los presentes del nutrido público que volvió a copar el Aula Magna, por su locuacidad y claridad a la hora de describir los hechos en su contexto y los respectivos roles de los acusados, sin dejar de descartar los motivos del asesinato de Moreno.
“A Moreno lo matan por el poder de la palabra” referiría Sivo, para luego extenderse en una mirada acabada sobre una causa compleja, porque se estaba frente a un delito de lesa humanidad, pero simple a la vez por la contundencia de la prueba que deja a las claras la participación de los cinco acusados.
En tren de esa claridad, Sivo habló de la prueba directa, de testigos que vieron lo que pasó con Moreno.
Tras detenerse en el rol emprendido por cada uno de los sindicados como responsables allí sentados, no dejó de mencionar sobre otras complicidades y responsabilidades, dejando sentada la hipótesis de que hubo un interés empresarial, cual autor intelectual, para ejecutar a Moreno.
Al respecto, acotó que la desaparición del abogado laboralista no perseguía un interés político, sino económico, y así arremetería contra los directivos de la firma cementera. No sin dejar de criticar y pedir que se investigue también la intervención de los jueces de la Corte, por caso, que mostraron complicidad con aquellos designios, sobre todo cuando el magistrado Pagliere buscaba respuestas.
Sivo hizo un acabado relato de la materialidad de los hechos como así también de las responsabilidades, no sin dejar de mencionar que el propio Ejército documentó con informes lo que había ocurrido con Moreno.
Se cerró así el nuevo capítulo de un histórico juicio que ahora aguarda por el alegato defensista, a realizarse el jueves. Al día siguiente, los jueces adelantarán su veredicto.
La penas y calificación de los delitos
A la hora de calificar los delitos endilgados a los cinco imputados, la fiscalía como la querella detallaron sus respectivas carátulas.
Julio Alberto Tomassi: coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por su condición de funcionario público por mediar violencia, tormentos agravados y por haber sido la víctima un perseguido político, homicidio agravado por alevosía.
Roque Italo Pappalardo y José Luis Julio Ojeda bajo los mismos delitos.
Así, para los tres militares la querella coincidió en pedir la reclusión perpetua, en tanto que el fiscal habló de prisión perpetua.
En cuanto a Julio y Emilio Méndez se los consideró partícipes primarios por aportar bienes escasos y sin tener una participación no fungible. La querella consecuentemente peticionó 20 años de prisión. El fiscal, en tanto, se diferenció, peticionando 16 años para Emilio y 12 para Julio Méndez. El doctor Becker, desde la Secretaría de Derechos Humanos provincial, para los hermanos peticionaría 15 años.
Julio Alberto Tomassi: coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por su condición de funcionario público por mediar violencia, tormentos agravados y por haber sido la víctima un perseguido político, homicidio agravado por alevosía.
Roque Italo Pappalardo y José Luis Julio Ojeda bajo los mismos delitos.
Así, para los tres militares la querella coincidió en pedir la reclusión perpetua, en tanto que el fiscal habló de prisión perpetua.
En cuanto a Julio y Emilio Méndez se los consideró partícipes primarios por aportar bienes escasos y sin tener una participación no fungible. La querella consecuentemente peticionó 20 años de prisión. El fiscal, en tanto, se diferenció, peticionando 16 años para Emilio y 12 para Julio Méndez. El doctor Becker, desde la Secretaría de Derechos Humanos provincial, para los hermanos peticionaría 15 años.
Nuevas causas
Asimismo, la acusación coincidió en peticionar al Tribunal que propicie nuevas investigaciones para determinar otras responsabilidades penales que aquí, en este juicio, no habían llegado. .JPG)
Se hablaría entonces del rol del teniente coronel Verdura y del comisario Balquinta, como así también sobre la participación de la plana gerencial de la firma Loma Negra y de su posible rol ideológico en el asesinato de Moreno. Para cerrar, también exigiría que por el código de justicia militar los jueces transfieran copia del expediente y toda documentación e información que vinculan a Tomassi, Pappalardo y Ojeda al Ministerio de Defensa para que se inicie el trámite de destitución, toda vez que en democracia no pueden seguir gozando de los beneficios que da el haber tenido en algún momento el estado militar.
“Los uniformes militares se deben honrar como en todo profesión. Hemos tenido militares destacados, militares democráticos que han contribuido a la construcción de la Nación, y el hecho que haya militares que hayan contribuido a la destrucción de un grupo social, que hayan intentado destruir a toda una generación de pensamiento social, de una sociedad más justa, merece por caso ser sancionado. Estos militares han manchado el uniforme, han deshonrado la Nación, su juramento, y deben ser destituidos para que no tengan el más mínimo honor que por supuesto no les correspondes”, cerró con crudeza al abogado de la familia Moreno.(fuente: el eco de tandil)
Se hablaría entonces del rol del teniente coronel Verdura y del comisario Balquinta, como así también sobre la participación de la plana gerencial de la firma Loma Negra y de su posible rol ideológico en el asesinato de Moreno. Para cerrar, también exigiría que por el código de justicia militar los jueces transfieran copia del expediente y toda documentación e información que vinculan a Tomassi, Pappalardo y Ojeda al Ministerio de Defensa para que se inicie el trámite de destitución, toda vez que en democracia no pueden seguir gozando de los beneficios que da el haber tenido en algún momento el estado militar.
“Los uniformes militares se deben honrar como en todo profesión. Hemos tenido militares destacados, militares democráticos que han contribuido a la construcción de la Nación, y el hecho que haya militares que hayan contribuido a la destrucción de un grupo social, que hayan intentado destruir a toda una generación de pensamiento social, de una sociedad más justa, merece por caso ser sancionado. Estos militares han manchado el uniforme, han deshonrado la Nación, su juramento, y deben ser destituidos para que no tengan el más mínimo honor que por supuesto no les correspondes”, cerró con crudeza al abogado de la familia Moreno.(fuente: el eco de tandil)
No hay comentarios:
Publicar un comentario