En las últimas horas se conoció que la Cámara de Apelaciones de Azul rechazó los términos del recurso de oposición presentado por los letrados que defienden al joven colega acusado de intentar coimear a un juez para favorecer la situación procesal de un detenido.
Más precisamente, los camaristas resolvieron sobre las objeciones que los doctores Marcelo Argeri y Claudio Castaño hicieron en torno a la intervención de la jueza de Garantías, Stella Maris Aracil, quien oportunamente desde éstas páginas se informó que había rechazado los reparos, avalando lo actuado por el fiscal Luis Piotti en la instrucción.
Ahora los magistrados del tribunal de alzada hicieron lo propio con su colega, jueza de Garantías, confirmando la resolución dictada y consecuentemente rechazando el recurso de apelación interpuesto por los letrados en favor del imputado Juan Manuel González Guerra.
Entre los argumentos esgrimidos por los camaristas, no se advirtió un quiebre lógico en el razonamiento de la jueza Aracil, dado que el letrado acusado conocía las circunstancias de la causa y que al haberse rechazado tres peticiones de morigeración de a prisión preventiva a Saravia, aparecía como posibilidad para obtener su libertad el ofrecimiento de dinero.
Sobre la puesta en duda sobre la credibilidad de los dichos del denunciante (el juez Galli), se entendió -en coincidencia con lo expresado por Aracil- que no existieron pruebas en la causa que acrediten un conocimiento previo al día del hecho, entre el denunciante y el causante.
Asimismo, se acotó que la primera denuncia del juez se hace referencia al hecho objeto del proceso en términos similares a los que se expresan en la otra declaración, “no existiendo divergencias en o sustancial respecto de la conducta que se imputa al encartado”.
Sobre el cuestionamiento de los defensores, quienes alegaron que Galli a pesar de estar frente a un supuesto flagancia no procedió a la detención del joven abogado, se respondió que no se pone en crisis la credibilidad del testimonio, al no poder inferirse de tal hecho una mendacidad, y más aún cuando de inmediato realizó la pertinente denuncia.
EL CASO
Como se vino detallando en ediciones pasadas, la investigación surgió a partir de la denuncia del juez que acusó a un abogado de querer coimearlo, delito que en el Código Penal se conoce con la figura de cohecho.
El escandaloso caso que conmovió a la comunidad judicial comenzó a finales de diciembre, cuando el juez Pablo Galli detalló ante la UFI en turno que alrededor de las 12 del 23 de diciembre, se hizo presente el letrado González Guerra anunciándose en mesa de entrada, reiterando que pedía entrevistarse con Galli y que era por una cuestión personal, siendo conducido por el personal a su despacho, donde encontraba solo.
Allí el abogado se presentó y le manifestó que lo había llamado “Saravia” (detenido por una causa de estupefacientes) por teléfono a los efectos de obtener el beneficio de la prisión domiciliaria. Al respecto el juez le preguntó a quién estaba defendiendo, manifestándole González Guerra que era el defensor de la mujer de Saravia, Lucrecia Paola Rodríguez, pero que ella ya había obtenido el beneficio de prisión domiciliaria.
Allí fue que el abogado le manifestó que Saravia le ofreció una suma de 10 mil pesos y que él con cinco se arreglaba, ofreciéndole al juez los cinco mil restantes, no recordando específicamente las palabras que dijo, pero dando claramente a entender que esa suma quedaba a disposición del deponente. Inmediatamente Galli -según sus propios dichos- le indicó que se fuera, con la sorpresa que le causaba la proposición efectuada, que utilizó los términos “...tomátela, andate de acá...”. Acompañándolo hasta la puerta de entrada del Tribunal. (fuente: La Voz de Tandil)
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