La causa “Cuenca”, que investiga el incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de 4 funcionarios del municipio, en el contrato de concesión del Hipódromo, empieza a tomar temperatura con las declaraciones de los concejales opositores.
Un peronista, Carlos Mansilla, y el radical Juan Roque Castelnuovo, brindaron sus testimonios ante la DDI, y aunque parezca extraño, el expediente judicial parece tomar ritmo justo en la feria, con la Policía como órgano colaborador en la recopilación de prueba.
Ambos ex legisladores comprometieron seriamente al Gobierno comunal en su vínculo con la empresa “Vistas Serranas”, al enumerar las anomalías que parecen alterar –según la acusación del criador de caballos- los términos estrictos del contrato.
“Entregué a la DDI una copia de la nota que publiqué en LA VOZ en octubre del año pasado, y contesté las preguntas que me hicieron”, respondió Castelnuovo ante la consulta de este Diario. No es poco, puesto que en el artículo periodístico, se vierten hechos que al pasar a la órbita judicial podrían convertirse en indicios para ratificar delitos penales.
El periodista y concejal expulsado de la UCR por las huestes lunghistas –él, junto a Nilda Fernández, nunca se sintió fuera del partido, y hasta pidió ｴque se vayan ellosｴ-, votó en contra de la concesión con Daniel Blanco. También pidió informes desde el HCD, ante el “incumplimiento de cláusulas” del contrato respectivo, “algunas de las cuales podían comprometer seriamente a la administración comunal, tales como la no inclusión en el estatuto social empresarial en lo que concierne al objeto social de la explotación de carreras de caballos, limitándolo solo al rubro de la construcción. Además, de la desfachatez de la empresa de condicionar la reforma del estatuto a que se le otorgara la licitación”, aportó.
Castelnuovo desnudó una “falta de inventario del predio al momento de la entrega de la licencia, la inobservancia en lo que atañe a la organización con exclusividad de competencias oficiales de caballos sangre pura de carrera, dando lugar a carreras concertadas no oficiales, que escapaban a todo tipo de control”.
Y reveló la “inexistencia de un totalizador de apuestas dirigido y controlado por un centro de cómputos, carencia de un hotel de tránsito, como así también de un proyecto y planos para la construcción de un comedor infantil, un jardín maternal, una sala de primeros auxilios y atención primaria de la salud en Villa Aguirre. Anormalidades, además, en el pago del canon mensual que debía percibir la Municipalidad, agravado esto con la falta de contabilización de las apuestas realizadas”.
Desde el principio, el concejal criticó que “no se había construido en su totalidad la empalizada circundante a la pista y la cerca perimetral de todo el predio, requisitos éstos que debían cumplimentarse antes de la realización de la primera de las reuniones realizadas. Destacaba también la falta de cumplimiento del plan de inversiones de embellecimiento, equipamiento y explotación comercial en el predio y que no existía tampoco un servicio veterinario y un centro de control antidoping. A lo que se sumaba la falta de actualización de la póliza de seguro endosada a favor de la Municipalidad”.
VICIADO DE NULIDAD
También objetó que se hayan aceptado términos insertos en el contrato en cuanto a los compromisos de la empresa especificados en modo potencial: “El comedor infantil no “sufriría” demoras, la instalación de la sala de atención primaria “tendría” inicio tal día, los trabajos previos “rondarían” una fecha.
El personal –afirmó Castelnuovo- “no contaba con seguro y cobertura médico asistencial, no se respetaban tampoco las normas de seguridad laboral y había varios trabajadores en negro. A lo que se agregaba la carencia de seguros para casos de incendio, de responsabilidad civil, por daños, incapacidad o muerte de algún espectador. Coincidentemente con la falta absoluta de control y aplicación de sanciones por incumplimiento y transgresiones por parte de la Municipalidad”.
El concejal hasta llegó a mandar una carta documento para exigir explicaciones, y calificó de “sordo” al intendente Lunghi.
“Mientras la concesionaria embolsa un subsidio mensual de 504.000 pesos pagados por trimestre adelantado (el 60 % de los cuales debería ir a premios y el 40% a obras de infraestructura y desarrollo comercial, lo que nadie controla), la Municipalidad percibe desde entonces un canon fijo de 7.000 pesos mensuales, a lo que debería agregarse el 3% de las apuestas si el monto es mayor y que nadie controla. Y lo que es más: el medio millón de pesos del subsidio provincial, van derecho al bolsillo del concesionario, no entran y salen, como debería ser, de la caja del Municipio, que es el directo responsable de todo. Lo que tampoco nadie controla”.
Denuncié también los riesgos de la empalizada de hormigón que, después, provocaron no pocos accidentes. Uno de los cuales le cuesta al pueblo de Tandil 140.000 pesos impagos al Hospital y que nadie reclamó, por el accidente de un jockey. Advertí, además, acerca de la falta de poder del Directorio de la concesionaria a un tal Daniel Blanco para que la representara, una inversión prometida de 3.000.000 de pesos, de los cuales 740.000 no eran inversión sino gastos, la inexistencia de una cronología de inversión, de ejecución y plazos de las obras y las fallas en las garantías del contrato, las firmas en el expediente sin aclarar. Y, desde luego, la estafa a la fe publica que significó contradecir una ordenanza que establecía el otorgamiento del 15% de las entradas del acto inaugural al Hospital (entraron 35.000 personas y el nosocomio percibió solo 1.400 pesos, saque usted la cuenta)”. fuente: la voz de tandil
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