Por Guillermo Liggerini Si faltaba algo para que el lunghismo quede nuevamente expuesto frente a la densa demanda social por el déficit habitacional era que la Justicia interviniera y, más aún, lo obligara a cesar con su omisión frente a derechos humanos básicos que hasta aquí el municipio intentó evitar en el debate sobre la controvertida ocupación del frustrado barrio Smata. En rigor, fue el propio municipio quien empujó a que la Justicia se entrometiera en un asunto de neto corte social que merecía -merece- una respuesta política, no jurídica. Su inacción (el juez preferirá aludir a la omisión) y hasta cierto ninguneo a atender la demanda abrió una instancia inesperada donde el pesado brazo lunghista, en buena hora, no tiene poder de seducción, como es el ámbito judicial. No tan lejos y no hace mucho tiempo, el propio intendente Miguel Lunghi cara a cara con los irascibles como incómodos demandantes en el hall municipal les supo decir que iban a acatar lo que la justicia dispusiera, no sin luego negociar bajo cuerda y a horas de la audiencia citada por el magistrado con varias familias que, afortunadamente, por éstos días tienen un mejor vivir en una vivienda digna, alquilada por la comuna con una garantía que hasta desatada la toma no estaba dispuesta a ofrecer. Contrariamente a esa sentencia del jefe comunal, como el fallo no agrada ahora el jefe de Gabinete, Juan Pablo Frolik anticipó que apelará la resolución, dejando expuesto al letrado lunghista que hasta ayer hacía gala de su bagaje académico y aconsejaba a releer normas constitucionales que fundan el derecho a la vivienda y sus respectivas competencias estatales. Ahora el abogado devenido en político recibió de manos de un magistrado la otra parte de la biblioteca que alude a derechos humanos fundamentales como el de la salud, especialmente cuando está en juego la vida de menores de edad. DEBATE FALAZ Resultó muy gráfico, contundente, la cita de ejemplos para rebatir la postura lunghista que, nobleza obliga, no es otra que la de una buena parte, seguramente la mayoría, de los tandilenses quiere escuchar. Pero esa tesitura es lo más cercano a la demagogia. Es accionar, reaccionar mirando al electorado más que a los ciudadanos que por más despojados de todo aún mantienen sus respectivos derechos. En ese contexto, la resolución judicial dilapida las intentonas de imponer un debate falaz. Aquí no se planteaba el derecho a la propiedad, como tampoco si por estar fuera de la ley tienen sus derechos vedados. A modo gráfico, el juez definió que está fuera de la ley quien no paga sus impuestos, o quien delinque, pero la estructura judicial aplicará las sanciones que correspondan de acuerdo a los principios del derecho. “A quien delinque y llega herido a un hospital público no se le niega atención por estar "fuera de la ley". Quien no paga sus impuestos o no cumple con la obligación alimentaria no tiene vedado el acceso a la educación pública y mucho menos se le podría proyectar esa prohibición a sus hijos”, supo ejemplificar el juez. En el caso de los ocupas de Smata, el magistrado entendió que el mero hecho de estar "fuera de la ley", no “autoriza a lesionar o restringir sus derechos constitucionales. Están fuera de la ley y llegado el caso serán sancionados. Pero siempre han de contar con la protección de sus derechos constitucionales”. Otro de las grotescas reacciones lunghistas versó sobre el intencional involucramiento en la discusión de terceros, los presuntos adjudicatarios que claramente han sido estafados hace unas tres décadas, pero que recién ahora parece ser que algunos, entre ellos el municipio, quiere ayudarlos en saldar su frustración (en buena hora). Por más insistencia en imponer en el debate que se trataba de un conflicto entre privados, la delicada escena mostraba algo más, que hace a la paupérrima situación social de aquellos que decidieron o fueron intencionalmente (por intereses políticos) empujados a ocupar las ruinas de un barrio. Más allá de las opiniones encontradas que provocaron y provocarán la decisión judicial, lo más sustancial resulta aquello que el juez le dedicó en un par de párrafos que hace a la invitación de las partes (Municipio-ocupas) a encontrar un diálogo que permita darles respuestas a los necesitados y que éstos dejen un lugar que no les pertenece. De hecho el Ejecutivo lo vino haciendo y acordó con familias en La Movediza y con los mismos de Smata (unas 16 familias), no sin antes negar una realidad que les explotó en la cara y los dejó desorientados, como ahora, tras sorprenderse con el fallo judicial.
Fuente: La Voz de Tandil
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