Conflicto Canteril: Dejen de esconderse detrás de los trabajadores

El Observador, fiel a su estilo, agrega un bocadillo a la nota de Nacho Lacovara, acá va:

"obligat lex simul atque promulgata est" ( La ley obliga desde el momento en que se promulga. Código de Justiniano)

Ponen como excusa las fuentes de trabajo, como han hecho toda la vida los grandes empresarios cuando no quieren rendir cuentas. Ya lo hacía Amalia Lacroze de Fortabat cuando no le autorizaban los aumentos de la bolsa de cemento. Amenazaba con dejar miles de obreros en la calle.

Lo peor es que los trabajadores les interesan poco y nada. Sólo los ponen de pretexto porque pensaron que el 16 de octubre nunca llegaría.

El conflicto viene de larga data y el destrozo de nuestro paisaje que ha hecho, en especial la cantera CARBA, es francamente monstruoso.

Antes de finalizar el mandato de Zanatelli, como intendente de facto, en los inicios de la década del 80, sancionó un decreto por el cual el tercio superior de las sierras, que se hallaba dentro de la Poligonal no se podía explotar.

Por un error de redacción no le pusieron donde se ubicaba la cota 0 y a pesar de haberse convertido en ordenanza con la llegada de la democracia, nunca se pudo hacer cumplir.

Años después la gran mayoría de la población empezó a darse cuenta del valor que tienen las sierras.

Un turista me dijo una vez: “quién vendría a ésta ciudad si ustedes no tuvieran sierras”. Era una verdad de perogrullo, pero tal vez los lugareños no lo entendíamos del todo.

No quiero decir con esto que la importancia de Tandil se reduzca solo al cordón serrano, pero es algo substancial. Además, cuando se terminó la minería artesanal, la cosa se desmadró.

Vayamos hacia el 1 de setiembre del año 2000, la fecha en que se firmó el famoso Acuerdo Marco. Los empresarios de la piedra debían, en concepto de tasa a la piedra, 4 millones de pesos (en la época de 1 peso, un dólar) cuya gran mayoría eran ejecutables judicialmente a corto plazo por el atraso de dicha deuda y se convirtieron en una deuda de 2.500.000 pesos a pagar en especies y a cuatro años. Y como si esto fuera poco, algunas de ellas lo incumplieron.

Debían también presentar un “Informe de Impacto Ambiental”, que “oh” casualidad fueron firmados por una misma consultora, que tenía domicilio en la ciudad autónoma de Buenos Aires, para todas las canteras.

Cuando se empezó a hablar de la Ley de Paisaje Protegido, lo primero que señalaron fue: “trataremos de que se cumpla en primera instancia, con el tiempo de actividad pactado en el Acuerdo Marco, cumpliendo con todas las tareas de mitigación acordadas. La otra opción es la reconversión y luego sigue la expropiación”,

Nunca cumplieron con su parte del acuerdo marco, ni con el pago de la deuda, ni con algunos otros puntos y exigen que se cumpla con ellos.

Y entre otras delicadezas por el estilo se prohibió desde el abril del 2010 el ingreso al paseo turístico La Cascada.

Por último, ahora, con los plazos encima del cierre, intentaron la vía judicial y como les salió mal, vuelven a la carga.

Creo que el pleito ya terminó y ahora deben acatar lo que dice la ley en cada uno de sus puntos y en su reglamentación. En caso contrario, se violarían otra vez los acuerdos como pasó a principios del siglo XXI con los empresarios como únicos beneficiados.

Ignacio Lacovara