Todo se complicó en 24 horas. Aparecieron los titubeos, el viejo miedo a los llamados del Gobierno, los personalismos. A pesar de las promesas de la semana pasada al obispo Jorge Casaretto, los empresarios y los banqueros están a punto de decidir no sumarse al documento sobre pobreza, preparado juntamente con un sector de la Iglesia, que preveían anunciar el miércoles próximo en el Episcopado. La CGT y la CTA resolvieron ayer no estar en el acto. Sin los gremios, razonan los hombres de negocios, será infecundo y riesgoso cualquier paso en público, reveló hoy La Nación.
Una vez más, molestó que el documento trascendiera a la prensa. Había que estar ayer, por ejemplo, en las reuniones que las dos corrientes de la Unión Industrial Argentina (UIA) tuvieron al mediodía y la mañana. En el Centro Argentino de Ingenieros, durante el almuerzo del grupo Industriales, no hubo una sola voz en favor de la iniciativa, impulsada formalmente por la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal.
La primera piedra la tiró Jorge Molinuevo, gerente de Ferrum y presidente de la Cámara de Artefactos Sanitarios, que se preguntó en público si, algún día, la UIA se iba a dignar a plantear sus propios problemas en lugar de acoplarse a documentos ajenos. Como ejemplo citó otro fracaso reciente: el frustrado documento conjunto de la UIA, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y las entidades agropecuarias. Osvaldo Rial, de la Unión Industrial Bonaerense, agregó que ya existían trabajos internos suficientes. ¿Por qué no sumamos a las otras entidades a los nuestros?, completó Miguel Saiegh, presidente de la Asociación de Industriales Bonaerenses (Adiba).
Los contactos en Celeste y Blanca, la corriente industrial más partidaria de la economía abierta, tuvieron planteos más de fondo sobre el texto de la discordia. Se hizo, por ejemplo, una objeción que han planteado en estos días varios economistas: ¿cómo es posible contener la inflación sin caer en el ajuste, como dice el texto?
A la tarde, en la reunión de junta directiva, todo estaba resuelto. No fue Héctor Méndez, presidente de la UIA, el dirigente que se había reunido con Casaretto hacía ocho días, ni Miguel Acevedo (vicepresidente 1°) ni Luis Betnaza (vicepresidente 2°). Asumió la conducción Federico Nicholson, vicepresidente 3°, pero quien planteó la cuestión del documento fue, sobre el final, el secretario José Ignacio de Mendiguren, que propuso lo que todos aceptaron: derivar la discusión, para las próximas semanas, al Comité de Presidencia, que integran Méndez y los nueve vicepresidentes. Nadie cree que de ese encuentro salga alguna aprobación.
Esa reunión tuvo varios desencuentros. Cristiano Rattazzi, vicepresidente 3°, dijo que el documento era incongruente porque planteba terminar con la inflación sin hacer ajustes. La inflación es un ajuste, reforzó. Mendiguren le contestó algo que Rattazzi no comparte: hay cinco puntos de inflación, transmitió, que obedecen sólo a expectativas. El metalúrgico Juan Carlos Lascurain, que enfrentará un paro de trabajadores pasado mañana, respaldó a Mendiguren con un ejemplo: los gremios, que pedían un 20% en febrero, están ahora mucho más arriba, cuando no pasó tanto en tan poco tiempo. "El año pasado terminamos dando más aumentos que el nivel de inflación", remató Lascurain.
Otra baja
Discusiones similares se plantearon en Adeba, la entidad que conduce Jorge Brito. El banquero se había sumado a la idea después de hablar, el martes de la semana pasada, con Casaretto. Pero Adeba ya lo decidió: no se opondrán públicamente ?nadie puede no compartir un diagnóstico sobre pobreza?, pero dejarán pasar los días y debatirán el texto internamente.
"Nosotros no recibimos ningún documento ?coincidió ante La Nacion Juan Carlos Schmid, secretario de Formación y Capacitación de la CGT?. Vamos a analizarlo y vamos a determinar una posición." Se trata, en realidad, de algo que la central de trabajadores ya hizo, documento en mano, el miércoles de la semana pasada, según fuentes involucradas. Dirigentes sindicales reconocieron a este diario que la postura estaba tomada: la CGT no firmará nada que pueda culpar al Gobierno, cuando "fueron Néstor y Cristina Kirchner quienes consiguieron reducir la desocupación y otorgaron, por dar un ejemplo, la asignación universal por hijo".
Aunque por razones diversas, el rechazo se extendió a la CTA, que conduce Hugo Yasky. "No vamos a firmar ningún documento que sea rubricado por la UIA y los empresarios y por la Mesa de Enlace con el consentimiento de la Sociedad Rural y la Federación Agraria, que representan a los patrones y, hoy en día, están en las antípodas de nuestra pensamiento."
Fortísima y con una adhesión infrecuente de diez entidades hace apenas siete días, la iniciativa de Casaretto, un tema en que coincide casi la totalidad de los ejecutivos argentinos, pende ahora de la buena voluntad de otras cinco agrupaciones que, hasta ayer, seguían prometiendo participar: las agropecuarias nucleadas en la Comisión de Enlace y, sorpresa general, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que conduce Osvaldo Cornide, de buena relación con la Casa Rosada.
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