viernes, 5 de abril de 2013

UCR/ Transparencia: Subsidios de Lunghi a dirigentes de la CCC comprueban el vínculo económico


Addenda: Hace mucho tiempo se viene percibiendo la relación entre el Lunghismo y la CCC. El mentor político de utilizar a la Corriente de fuerza de choque es del actual presidente del comite local de la UCR: el famoso Chiribely ( Elichiribehety ),quien se hizo conocido por las campañas sucias contra el actual Concejal Néstor Auza (FPV) cuando era Rector en la UNICEN, entre otras trapisondas políticas que nunca fueron adoptadas por las fuerzas políticas locales.

El Observador, desde el Morisco del Parque Indepencia. 


Elichiribehety 

Elichiribehety 

Varios decretos reflejan desembolsos municipales a la agrupación política que lideran Lezica y Altamirano. Fustigan la discrecionalidad en la asignación de partidas.



La carpa de la Corriente Clasista bloquea la sede regional de Anses.






Esta vez LA VOZ accedió a varios decretos donde se vislumbra el financiamiento comunal a la organización política y social. Por caso, el 4 de septiembre de 2012, el municipio gastó 3.200 pesos a nombre de Natalia Soledad Di Salvo, para el traslado de alimentos, colchones y frazadas desde La Matanza a Tandil. 
Por otra parte, trascendieron otros 20 dictámenes, algunos fechados el 3 de agosto, el 31 de agosto, el 28 de septiembre, el 1 de noviembre, el 11 de enero y el 4 de febrero. En ellos Lunghi -vía decreto- le otorga en forma nominal -es decir, a la persona- entre 800 y 1.000 pesos mensuales a Altamirano y Lezica. 
Se alude a informes socioambientales que certificarían la necesidad económica de ambos dirigentes. Pero en el seno del Frente para la Victoria sacan conclusiones negativas de estos aportes, pues ven un nexo de intereses comunes partidarios entre beneficiarios y Gobierno. 
Las ayudas directas en el área que conduce Oscar Teruggi vienen manchadas por anomalías que merecieron la apertura de una investigación penal, en la denominada "Causa Hidalgo". En ella, la oposición se valió de pruebas para sostener la posible comisión del delito de malversación de fondos públicos. En resumidas cuentas, la Justicia intenta determinar si cobraron subsidios personas que lejos de sufrir un estado de indigencia, en realidad eran prestadores de la comuna. 
Ahora lo que se cuestiona es el presunto uso político de la ayuda social. El oficialismo niega cualquier vínculo con la CCC, pero los decretos mencionados abren un gran interrogante. 


Fuente: La voz de tandil

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