Por Manolo Robles.
La chatura que el grueso de los antikirchneristas insufla al debate por una nueva ley de medios queda expuesta en la reciente decisión de la presidenta de dejar de lado la regulación del ingreso de las telefónicas a la actividad de la comunicación audiovisual. Con esta resolución el proyecto pierde uno de sus capítulos más interesantes, que es el de contemplar el avance tecnológico que implica el paso del sistema analógico al digital, apuntando a que se utilice como una herramienta más para impulsar la democratización del acceso a la información y a la libertad de expresión del conjunto de la sociedad y no como nuevo filón de negocios de los que conciben la comunicación como una mercancía más.
En la edición impresa del diario La Nación de este martes 15 de septiembre se publicó un artículo firmado por el consultor Enrique Carrier, cuyos antecedentes por él mismo destacados en el sitio web de su empresa no lo pegan al kirchnerismo. Allí se explica con sencillez que “hasta hace poco a cada red correspondía un servicio único y determinado: la de TV por cable, videoanalógico; la de telefonía, voz. Ninguna estaba en condiciones técnicas de transportar el contenido de la otra. Eran claramente universos estancos”.
Pero, sigue Carrier, “con la digitalización, las diferencias técnicas entre los distintos tipos de contenidos desaparecen. En consecuencia, las redes dejan de ser específicamente para un contenido determinado: todo aquello susceptible de ser digitalizado puede ser transportado”.
Es decir, continúa el consultor, que “hoy hay cada vez menos diferencias entre redes de TV por cable y de telecomunicaciones: ambas pueden dar servicios de banda ancha, telefonía o video. Mientras en el mundo analógico la diferencia se daba por el servicio, íntimamente ligado a la red de transporte, en el digital surgen dos sujetos claramente diferenciados: quién pone la infraestructura de distribución y quién genera contenidos”.
Agrega Carrier, entonces, que “no puede asegurarse la pluralidad de contenidos si hay limitaciones en el acceso a ellos”. Y que “así, es necesario propiciar la existencia de una infraestructura extendida y desarrollada”, que es lo que ofrecen hoy por hoy en la Argentina las telefónicas, ahora excluidas de la iniciativa reguladora de la comunicación audiovisual para acallar las ramplonas críticas de los antikirchneristas.
Aquí vale la pena detenerse, por ejemplo, en las andanzas más recientes del tándem Lotuf-Montenegro, que desde radio 2 venía machacando con que lo de la inclusión de las telefónicas obedecía a una maniobra a favor de empresarios amigos de los Kirchner, que conformarían, luego de apropiarse primero de las propias telefónicas, un nuevo monopolio, mucho más malvado que el de Clarín, por supuesto.
“Traje a medida”, fue la expresión que metió Montenegro, columnista desde Buenos Aires del programa que Lotuf conduce en la emisora rosarina. Ahora ya no hay a quien vestir, pero igual Montenegro la siguió con lo del “traje a medida” que el gobierno supuestamente quiso confeccionar y no pudo.
El tema es que leyendo los artículos del proyecto que se debate en el Congreso, incluidos los que ahora se dejan de lado tras el anuncio de cambio realizado por Cristina, del traje a medida no aparece ni la solapa. Porque aún dando por cierta la hipótesis de la mala intención por parte de Néstor y la presidenta con la consiguiente maniobra de apropiación de las telefónicas primero y de los medios audiovisuales después, los satanescos santacruceños y sus oscuros socios hubieran quedado de todos modos sujetos a las restricciones establecidas en el que, en principio, era el artículo 45 del proyecto de ley, que pone topes a la cantidad de licencias a las que puede acceder un prestador pero además establece que “la multiplicidad de licencias –a nivel nacional y para todos los servicios– en ningún caso podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total nacional de habitantes o de abonados a los servicios referidos”, lo que significa frenar la posibilidad de conformación de nuevos monopolios.
Son muchos más los aspectos del proyecto de ley que fijan límites a la conformación de monopolios. Son muchísimos los que critican el proyecto sin siquiera haberlo leído pese a estar publicado en muchísimos sitios de internet, pese a haberse presentado oficialmente en marzo de este año y no hace un par de semanas, pese a tomar como base los 21 puntos elaborados por la Coalición para una Radiodifusión Democrática hace cinco años y no hace cinco meses, pese a condensar los reclamos de vastísimos sectores sociales iniciados hace más de dos décadas y no en el año 2003.
Entre los tantos foros en reclamo de una nueva ley de medios este cronista recuerda uno impulsado por el entonces diputado nacional Pino Solanas a comienzos de la década del 90. Aquel foro se realizó en la sede del Congreso nacional convocado por un Pino Solanas que ya por entonces consideraba una vergüenza la continuidad del decreto de la dictadura militar. Pero ahora, el mismo Pino, convertido en figurita repetida en los medios monopólicos, afirma que no acepta “un debate express”.
Volviendo a lo de las telefónicas, la decisión de Cristina de cortarles la posibilidad de ingresar a la comunicación audiovisual significa un retroceso porque evita que ese ingreso se produzca bajo la regulación estatal, tal como lo establecía el proyecto. Vale citar aquí a otro especialista, llamado Cristian Jensen, asesor de la Cámara de Diputados de la Nación y activo militante a favor de la nueva ley, que manifestó la importancia de “utilizar la tecnología de la convergencia no en términos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que entiende la “radiodifusión” como la radiocomunicación unidireccional dirigida al público en general; si no en términos de servicios de comunicación audiovisual que transmiten identidades, valores, información y entretenimiento de manera predominantemente unidireccional (con habilitación bidireccional) e interactiva, de manera tal que nuestros ciudadanos además de consumir bienes culturales puedan producirlos”.
“Nuestro objetivo es la construcción de la Sociedad del Conocimiento, en la que nuestro pueblo no sea solamente consumidor de productos culturales elaborados desde una visión individualista y del consumo –la macdonalización de la sociedad– sino que pueda acceder al rescate de los saberes ancestrales cuyo eje articulador es el espíritu solidario, el respeto al ecosistema, la integración y la realización personal y comunitaria”, escribió Jensen en un correo enviado a una lista de correos de lectores y productores del sitio de Copla (Comunicación y Política para el Proyecto Nacional).
“La «industria» de las telecomunicaciones –mundo de las telefónicas– quiere encuadrar estos servicios como «servicios de telecomunicaciones de valor agregado» regulados por los acuerdos de libre comercio y servicios (discutidos y concertados en la Organización Mundial de Comercio). Las empresas de telecomunicaciones no quieren ser sujeto de regulación de distribución de contenido. Nosotros, por el contrario, en el proyecto incluimos a las telefónicas en el mundo de la comunicación audiovisual. Expresado de otra manera: las telefónicas ingresan vía las reglas del mercado de las telecomunicaciones (el «mercado» determina la política de construcción de la Sociedad de la Información y el Conocimiento) o ingresan cumpliendo la regulación del Estado –de la política– que es lo que propone este proyecto de ley: reglas de juego antimonopólicas, obligación de distribuir contenidos de producción nacional, propia, local y multicultural”, resumió.
Ahora, Jensen y tantos otros que trabajaron en la elaboración de la iniciativa deben poner violín en bolsa en lo que a este aspecto se refiere. Y es una pena. Pero el objetivo es que la orquesta toque, aunque sea sin alguno de sus instrumentos, y suene de una vez la partitura de una nueva ley compuesta por los miles y miles cuyas voces vienen siendo silenciadas o cooptadas por los grupos económicos que se erigieron como monopolios de la comunicación en la Argentina.
