Una primera lectura sobre el caso del bar Ekeko, su allanamiento, clausura y la investigación que pesa por presunta trata de personas, podría hacer creer, equivocadamente, que la cuestión central pasa por el senador Carlos Fernández, quien es propietario del lugar que se alquilaba para el funcionamiento del prostíbulo.
Esa primera lectura también podría engañar con el hecho de que en Tandil es imposible disimular un local de estas características en plena ciudad, frente a Metalúrgica Tandil y que por esta misma razón la excusa del legislador provincial no se sostiene ni dos segundos bajo el argumento de que “no sabía” lo que pasaba allí, en ese “bar de mala muerte” como calificó.
También sería engañoso cargar todas las tintas sobre el hecho de que ese bar, especialmente ese bar, junto a muy pocas otras excepciones, no era controlado debidamente por el área Municipal que tiene como tarea hacer cumplir las ordenanzas que regulan las habilitaciones y muy especialmente la norma que prohíbe los locales prostibularios.
Esa primera lectura, que restringe el tema “Ekeko” a Carlos Fernández y su responsabilidad privada y pública en el funcionamiento de un prostíbulo sobre el que pesa una denuncia y consecuente sospecha de trata de personas podría estar escondiendo el verdadero tema: la responsabilidad del Municipio, directa e indirecta, en el funcionamiento de todos los prostíbulos locales y el provecho indebido que obtendría de ese dejar hacer.
El fiscal Fabio Molinero está muy molesto con el Municipio y su área de Inspección. No lo esconde. Lo dice a quien se entrevista con él por ese tema. La diputada provincial Patricia Cubría, titular de la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia de la Cámara Baja, lo escuchó de parte del judicial. Y escuchó también los motivos, las sospechas de máxima y de mínima que descansan sobre el área de control. La de mínima asume que hay incapacidad; la de máxima asume “connivencia”.
“Si vas a un lugar veinte veces y no podés establecer lo que yo establezco en dos oportunidades, entonces me da que pensar”, dijo a Revista La Tecla, pero eso mismo lo dijo a la diputada y, palabras más, palabras menos, a otras organizaciones que preocupadas por el tema se reunieron con él.
Molinero entiende que hay una inacción notable a la hora de proceder para hacer respetar la ordenanza que prohíbe los prostíbulos en la ciudad, tanto por parte de las autoridades municipales como de las policiales. Y que en esta tarea se encuentra en la soledad más absoluta.
La pregunta que cabe hacerse entonces es por qué el Municipio no está interesado en hacer respetar una ordenanza que el mismo radicalismo votó en Concejo Deliberante. ¿Qué beneficio obtiene de ese dejar hacer que evidentemente significa un buen negocio para muchos pero también un riesgo de primera clase para combatir la trata de personas, uno de los grandes flagelos del país en materia de Derechos Humanos?
¿Beneficios económicos tal vez? ¿Para un funcionario? ¿Para un grupo de funcionarios? ¿Para la gestión y para sus campañas políticas? En otras palabras, en Tandil podría estar pasando lo que pasa en otras ciudades donde Inspección General funciona como “caja” electoral.
Gustavo Vera, director de la Fundación Alameda, la misma organización que denunció al juez Eugenio Zaffaroni por alquilar sus departamentos para el funcionamiento de privados, dijo que “en el interior de la Provincia no es muy difícil saber dónde funcionan los prostíbulos”. También dijo que “estos lugares funcionan con la complicidad de quienes se encargan de las habilitaciones y la Policía”. Y finalmente dijo en La Tecla que “habitualmente el proxenetismo se utiliza para financiar campañas políticas locales”.
En Tandil, y en el ambiente, es un secreto a voces cuánto se paga de peaje por semana. Cuánto y a qué ventanillas hay que aportar para que dejan “trabajar tranquilos”. El rubro es “áspero” y nadie quiere colgarse el cartel de denunciante porque el circuito no se acaba en el Municipio y llega hasta las oficinas de las fuerzas de Seguridad.
Lo cierto es también que la “caja” no se limitaría al rubro prostibulario y llegaría a otros ámbitos comerciales menos opacos en apariencia pero igualmente de riesgosos si se los deja hacer por fuera de la ley.
Entonces, tal vez, se podría entenderse con más claridad por qué no se hacen respetar las normas que impiden el ingreso de menores a boliches y el consumo de alcohol a los mismos chicos que no podrían estar allí. No se discute aquí si la norma está bien o está mal sino el “hueco” que deja para el negocio. La prohibición genera un negocio paralelo que suele beneficiar a la autoridad de control porque en su poder está la arbitrariedad de ver a quién se la hace respetar y a quién no.
La noche sería no sólo un problema para el Municipio, tal como lo han expresado en más de una oportunidad, cuando se habla de seguridad y de valores en retirada, sino que también podría ser un negocio para alguno, algunos o muchos.
Tal vez el punto más débil de la gestión sea el control, entendido éste como un mecanismo sostenido en el tiempo y diseñado estratégicamente para revertir una tendencia que se cree perjudicial para la comunidad.
Después del accidente de un conductor de cuatriciclos en la sierra se coloca un patrullero en la puerta de la cantera, desafiando así todas las leyes de las probabilidades. Después del infortunado accidente de los jóvenes en avenida Brasil se hacen los controles de tránsito en horas de la madrugada. Y salen a evitar las picadas en espacios históricos para este tipo de prácticas.
Después de explotar el escándalo del Ekeko se clausuraron cuatro bares-prostíbulos como si no hubiesen estado funcionando desde hace años.
Después de un accidente de un motociclista o un mandadero se hacen los controles por el uso del caso.
Después de los lamentos, salen las brigadas de inspección a morigerar el efecto del malhumor social. Salen a la calle y en los diarios para demostrar reacción, que en el caso de los accidentes es, más o menos, igual a nada.
Desidia o interés económico subyacen en estos casos donde “accidente” es una adjetivación poco ajustada a la realidad. Existen normas y no se cumplen. En cada una de estas excepciones alguien gana dinero. Uno o varios, al parecer. La mayoría de la veces este acuerdo entre partes para dejar hacer, para sortear la clausura o la multa, no tiene graves consecuencias, pero a veces sí. Y entonces es tarde. Un joven en coma alcohólico por terminar en un boliche lo comenzado en una previa en su casa; un adolescente muerto en accidente de autos corriendo picada; un tipo víctima de un entrevero de cuchillos en las cercanías de un boliche donde las trifulcas son moneda corriente; una mujer que ejerce la prostitución contra su voluntad. Todos ellos víctimas del mismo descontrol administrado conscientemente para dejar beneficios en los bolsillos correctos.
Mirar el Ekeko y resumirlo al senador Carlos Fernández y su responsabilidad en el alquiler de la propiedad puede ser el árbol que tapa el bosque. El bosque es en este caso una multiplicidad de descontroles en los que siempre alguien encuentra una fuente de divisas por ofrecer lo prohibido o por dejar hacer, una práctica que seguramente se reproduce en otros niveles del Estado y en otras escalas millonarias, pero que en Tandil pasa por enfrente de las narices de quienes prefieren no ver o ganan mirando para otro lado mientras hacen el “clink, caja”.
| Juan Perone Nota publicada en Políticatandil |
